El cambio climático no es neutral: ¿por qué no puede despolitizarse?

El cambio climático no es solo una cuestión científica: su politización evidencia profundas desigualdades y retos socioeconómicos. Mientras algunos abogan por soluciones técnicas y una visión neutral, muchos activistas y científicos advierten que tratar el problema sin contexto social perpetúa injusticias y limita soluciones verdaderas. Este debate llega al centro de la acción climática: ¿es posible o deseable despolitizar el cambio climático?

La politización del cambio climático: ¿problema o necesidad?

A medida que se intensifican los efectos del cambio climático, el debate sobre su naturaleza política cobra cada vez más fuerza. Según estudios recientes, la politización se ha vuelto esencial para abordar las causas profundas del problema, pues solo al considerarlo en el contexto de justicia social, económica y ambiental se pueden implementar soluciones efectivas. Este enfoque contrasta con la despolitización, que interpreta el cambio climático únicamente como una cuestión técnica o científica, gestionable a través de medidas de mercado y tecnologías limpias.

En palabras de la investigadora Juana María Delgado-Saborit, “el cambio climático no puede desligarse de sus efectos sobre las comunidades más vulnerables” porque la injusticia ambiental se expresa tanto entre países como dentro de ellos. Un claro ejemplo es la persistente desigualdad que afecta a comunidades de bajos recursos y a minorías, las cuales son más propensas a vivir cerca de áreas contaminadas y en condiciones que agravan su exposición al cambio climático. Las repercusiones de esta desigualdad también se ven en términos de salud y bienestar, donde, en Estados Unidos, los estudios indican que personas afroamericanas tienen un 75% más de probabilidades de vivir en zonas con altos niveles de contaminación.

La lucha por la justicia climática

Para muchos expertos, no hay posibilidad de abordar el cambio climático sin cuestionar el sistema económico que lo propicia. Las políticas orientadas a la mitigación, como impuestos al carbono y esquemas de comercio de emisiones, imponen altos costos a ciertos sectores y comunidades. Este enfoque ha sido objeto de rechazo por grupos de trabajadores de la industria fósil y por movimientos como los chalecos amarillos en Francia, que sostienen que las políticas climáticas penalizan a las clases trabajadoras sin abordar las causas estructurales de la crisis .

La politización del cambio climático también incluye temas de colonialismo y justicia económica. Las naciones desarrolladas, que son las mayores responsables de las emisiones históricas, han impuesto los mayores costos ambientales en países menos desarrollados, que a su vez enfrentan barreras para obtener financiamiento para adaptación y mitigación. La constante negativa de cumplir con los 100 mil millones de dólares en financiamiento climático comprometidos desde 2009 evidencia esta falta de compromiso real por parte de los países más ricos.

La presión de los actores en el debate climático

El cambio climático se ha convertido en un campo de batalla entre diversos actores con intereses opuestos. Desde gobiernos hasta corporaciones multinacionales, cada parte busca imponer su visión y sus políticas, en ocasiones a expensas de soluciones integrales y justas. Aunque se han dado avances en el compromiso de las naciones hacia objetivos comunes, el cumplimiento ha sido lento e insuficiente. Un ejemplo destacado es la falta de cumplimiento de los acuerdos de la cumbre de Copenhague de 2009, en la que los países desarrollados se comprometieron a destinar anualmente 100 mil millones de dólares a iniciativas de mitigación y adaptación en el mundo en desarrollo. A la fecha, este financiamiento continúa siendo desigual y poco efectivo, generando resentimiento entre los países que más sufren los efectos del cambio climático sin ser los principales responsables.

Las empresas, especialmente en el sector de combustibles fósiles, también juegan un rol crucial en este conflicto. Según datos de Global Witness y Oil Change International, las 20 empresas de petróleo más grandes tienen planes para invertir 1.5 billones de dólares en nuevos proyectos de combustibles fósiles en las próximas dos décadas, a pesar de las advertencias científicas de que es urgente una transición energética. Muchos de estos proyectos, además, se desarrollan en regiones vulnerables donde los derechos de las comunidades locales y las regulaciones ambientales suelen ser más laxas. Estas compañías también han sido señaladas por prácticas de greenwashing, promoviendo una imagen pública de sustentabilidad que contrasta con su contribución al calentamiento global.

Hacia un futuro socioecológico

Ante el creciente desafío climático, muchos expertos coinciden en que es necesario imaginar y construir un futuro que no solo dependa de innovaciones tecnológicas, sino que también promueva una transformación socioecológica. El geógrafo Eric Swyngedouw advierte que mientras el cambio climático se perciba únicamente como un problema técnico y científico, estaremos abordando solo sus síntomas y no sus causas estructurales. En su opinión, el cambio climático debe entenderse como una narrativa global que expone y cuestiona las desigualdades de nuestro sistema económico actual, en el que los beneficios económicos de las actividades extractivas y contaminantes se concentran en pocas manos, mientras que los costos sociales y ambientales recaen en los más vulnerables.

Para construir un futuro más sostenible, será necesario abrir el debate a una variedad de perspectivas y soluciones que permitan repensar los valores y estructuras del sistema económico actual. Esto implica reconocer que la lucha contra el cambio climático no se trata solo de reducir emisiones, sino de cuestionar y transformar las relaciones de poder y los modelos de consumo y producción en los que se asientan nuestras economías. Solo así será posible avanzar hacia una sociedad más justa, equitativa y en armonía con el planeta, donde las soluciones ambientales estén integradas con los derechos humanos y la justicia social.