Deuda y cambio climático: La región MENA exige más apoyo financiero en la COP29

La región de Medio Oriente y Norte de África (MENA) se encuentra en una encrucijada crítica en la lucha contra el cambio climático. A pesar de ser responsable de menos del 5% de las emisiones globales de carbono, la región está entre las más afectadas por fenómenos como la escasez de agua, desertificación e inundaciones costeras. Sin embargo, a pesar de esta vulnerabilidad, la MENA ha recibido una parte desproporcionadamente pequeña del financiamiento climático global. Entre 2019 y 2020, mientras que Asia Oriental y las islas del Pacífico recibieron aproximadamente $293 mil millones en fondos climáticos, la región MENA solo obtuvo $16 mil millones, una cifra alarmante si se tiene en cuenta la gravedad de los desafíos ambientales que enfrenta.

Desigualdad en el financiamiento climático

El financiamiento climático que llega a la MENA no solo es insuficiente, sino que también está mal distribuido entre los países de la región. Entre 2003 y 2023, más del 75% de los fondos se concentraron en dos países: Marruecos y Egipto. Mientras tanto, naciones en condiciones de conflicto o con inestabilidad política, como Yemen, Libia y Siria, reciben una fracción mínima de estos fondos, agravando sus vulnerabilidades climáticas. Esta falta de apoyo financiero no solo pone en riesgo a las comunidades más afectadas, sino que también perpetúa la dependencia de la región de los combustibles fósiles, al no poder financiar una transición adecuada hacia energías limpias.

La trampa de la deuda

Una de las principales barreras que enfrenta la región MENA para implementar medidas efectivas contra el cambio climático es su creciente crisis de deuda. Muchos países de la región, particularmente los importadores de petróleo como Túnez y Jordania, enfrentan niveles insostenibles de deuda pública que dificultan la inversión en proyectos de adaptación y mitigación climática. Según el Banco Africano de Desarrollo, los países de África del Norte necesitan alrededor de $280 mil millones para cubrir sus necesidades de adaptación al cambio climático para 2030, pero enfrentan una brecha financiera anual de entre $10 mil y $30 mil millones.

El hecho de que gran parte del financiamiento climático que reciben los países de la MENA sea en forma de préstamos, en lugar de subvenciones, solo agrava este problema. Países como Yemen y Líbano, ya gravemente afectados por la deuda, dedican más recursos al servicio de su deuda que a la inversión en servicios básicos como salud y educación, lo que perpetúa un ciclo de vulnerabilidad económica y climática. Este es un claro ejemplo de cómo la crisis climática no solo está vinculada al ambiente, sino también a la estructura financiera global, que coloca a las naciones más afectadas por el cambio climático en una posición económica aún más precaria.

Financiación desigual en la COP: la lucha por justicia climática

En la COP27, celebrada en Egipto en 2022, se alcanzó un acuerdo histórico para crear un Fondo de Pérdidas y Daños, una demanda de los países en desarrollo durante décadas. Este fondo fue diseñado para compensar a las naciones más afectadas por los desastres climáticos, incluyendo muchas en la región MENA. Sin embargo, aunque este logro fue bien recibido, el camino hacia una financiación justa sigue siendo cuesta arriba. Hasta la fecha, las promesas de financiación por parte de los países desarrollados alcanzan los $700 millones, una cifra irrisoria frente a los $400 mil millones anuales que se estiman necesarios para enfrentar los desafíos climáticos en las naciones más vulnerables.

En particular, la región MENA enfrenta retos únicos que hacen urgente la necesidad de financiación climática adecuada. Por ejemplo, el cambio climático exacerba la escasez de agua, un problema que ya afecta a más del 60% de la población en la región, donde más del 86% del territorio está cubierto por desiertos. La falta de recursos financieros impide a estos países adoptar tecnologías que optimicen el uso del agua o implementar soluciones de infraestructura, como sistemas de alerta temprana, que podrían salvar vidas durante desastres como la reciente tormenta Daniel en Libia, que cobró más de 4,000 vidas en 2023.

La COP29, que muchos expertos ya consideran la «cumbre del financiamiento», será una prueba crucial para los compromisos financieros de los países desarrollados. Para la región MENA, no se trata solo de recibir más fondos, sino de cambiar las dinámicas que perpetúan la dependencia de préstamos y aumentan la deuda. A medida que se acercan las negociaciones, los países de la región están exigiendo que el financiamiento sea equitativo y esté alineado con los principios de justicia climática, reconociendo que quienes menos han contribuido a la crisis climática no deberían cargar con el mayor costo de su mitigación.

Hacia un financiamiento más justo

Una de las propuestas más destacadas que se discutirán en la COP29 es la creación de mecanismos financieros innovadores que no profundicen la crisis de deuda en los países en desarrollo. Las herramientas como los intercambios de deuda por adaptación climática, que permiten a los países reducir sus obligaciones de deuda a cambio de inversiones en proyectos verdes, han ganado popularidad y podrían desempeñar un papel central en las negociaciones. Este tipo de mecanismo ofrecería a los países del sur global, incluida la región MENA, una salida de la trampa de la deuda, permitiéndoles financiar la transición a una economía de bajas emisiones sin aumentar sus cargas financieras.

Además, la Iniciativa de Bridgetown, una propuesta para reformar la arquitectura financiera internacional liderada por Barbados, también ha ganado impulso. La iniciativa aboga por la creación de un Fondo Global de Mitigación Climática, financiado con derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional (FMI), para proporcionar financiación a largo plazo a los países vulnerables. También propone incluir cláusulas de desastres naturales en los préstamos, lo que permitiría a las naciones afectadas por eventos climáticos extremos pausar temporalmente sus pagos de deuda, liberando así recursos para la recuperación y adaptación. Estas propuestas, aunque ambiciosas, representan un paso hacia la construcción de un sistema financiero global más justo y resiliente, en el que las naciones más afectadas por el cambio climático no se vean empujadas a una mayor fragilidad económica.

El éxito de estas propuestas depende, en última instancia, de la voluntad política de los países desarrollados para implementar cambios profundos en la distribución del financiamiento climático. Para la región MENA, el resultado de la COP29 será crucial.