Países exigen a farmacéuticas que paguen por usar sus recursos naturales con nueva tasa de biodiversidad y la industria lo rechaza

En la cumbre COP16 en Colombia, la propuesta de una tasa global sobre productos derivados de recursos genéticos ha generado un conflicto con la industria farmacéutica. AstraZeneca, que habría manifestado que esta tasa podría afectar empleos en el Reino Unido, se une a otras compañías en su rechazo al impuesto, argumentando que desalentaría la investigación e innovación. Los países en desarrollo exigen una repartición justa de beneficios derivados de la biodiversidad, un tema clave para avanzar en la conservación.

Biodiversidad y biopiratería: el conflicto de la tasa sobre recursos genéticos

La cumbre COP16 en Cali, Colombia, ha revelado profundas tensiones entre países con gran biodiversidad y las principales farmacéuticas sobre el uso de información genética de la naturaleza. La digitalización de códigos genéticos, conocida como “información de secuencias digitales” (DSI), es una herramienta clave para la industria farmacéutica en el desarrollo de nuevos medicamentos. Sin embargo, los países ricos en biodiversidad, donde se encuentra la mayoría de estas secuencias, denuncian que las multinacionales han lucrado sin compartir beneficios, a lo que llaman “biopiratería”. La tasa propuesta en la COP16 busca resolver esto a través de un impuesto global del 1% sobre las ganancias derivadas de la DSI, destinando esos fondos a la conservación y al apoyo de las comunidades en países de origen.

AstraZeneca y otras farmacéuticas han rechazado esta medida, argumentando que la tasa impactaría su competitividad y desencadenaría una ola de recortes en Reino Unido. Representantes de la industria en la reciente reunión con el Departamento de Medio Ambiente (Defra) expresaron que la medida podría desincentivar la investigación biomédica en el país, especialmente frente a naciones como EE.UU., que no suscribirían la tasa. La Asociación de la Industria Farmacéutica Británica señaló que un impuesto obligatorio “perjudicaría la innovación” y frenaría el crecimiento en sectores cruciales para la salud pública y el desarrollo económico.

Los países en desarrollo exigen una compensación justa

Los países en desarrollo argumentan que los recursos genéticos de sus territorios contribuyen de manera invaluable a la innovación en salud, agricultura y otras industrias, y exigen que se comparta una parte de los beneficios derivados de su explotación. Desde el comienzo de la COP16, delegaciones de África y América Latina han presionado para que el nuevo fondo sea obligatorio y autónomo, de modo que los beneficios lleguen directamente a las comunidades que protegen estos recursos. Oscar Soria, de la organización The Common Initiative, señaló que sin mecanismos de financiamiento justo, las comunidades perderán el incentivo para conservar la biodiversidad, lo que pondría en peligro los objetivos globales de protección ambiental.

El debate sobre la distribución de los fondos también se intensifica. Actualmente, la administración de estos recursos está bajo el Fondo Global para la Biodiversidad, gestionado por el Global Environment Facility (GEF), un mecanismo que varios países en desarrollo consideran ineficiente y demasiado controlado por países ricos. A medida que la COP16 avanza hacia sus últimas jornadas, las negociaciones sobre la tasa de biodiversidad y la repartición de beneficios se han convertido en uno de los temas más críticos, y su resolución podría determinar el futuro de la colaboración global en la conservación de la naturaleza y el acceso a recursos genéticos.

La “biopiratería” y su impacto en la ciencia y conservación

La propuesta de la tasa sobre la DSI ha resaltado un conflicto mayor: el uso gratuito de secuencias genéticas por parte de empresas multinacionales y su impacto en los países de origen. Según las naciones ricas en biodiversidad, la práctica representa una “biopiratería”, ya que los datos genéticos de flora y fauna se emplean sin compensación, mientras las empresas obtienen importantes beneficios económicos. Sin un sistema de repartición de estos beneficios, las comunidades locales, que preservan estas especies y su conocimiento, quedan fuera de los dividendos generados. Eva Zabey, directora de Business for Nature, explicó en la COP16 que las empresas deben asumir su responsabilidad, no solo en términos económicos, sino también en apoyo a la conservación y a los esfuerzos locales.

El impacto potencial de la tasa sobre la DSI no se limita a la industria farmacéutica. Otros sectores, como la agricultura y la biotecnología, también dependen de estos datos genéticos para el desarrollo de nuevos productos. Los países en desarrollo temen que, sin un acuerdo de repartición de beneficios, las empresas puedan restringir su acceso a tecnologías y productos derivados de la biodiversidad. Esto podría generar una brecha mayor en los avances científicos entre los países desarrollados y los en desarrollo, limitando el impacto positivo que estas innovaciones podrían tener en sus economías y en la preservación ambiental.

El camino a seguir: cooperación o conflicto

La resistencia de las farmacéuticas y la presión de los países en desarrollo colocan a la COP16 en una encrucijada. Un acuerdo sobre la tasa de biodiversidad representaría un hito en la justicia ambiental, estableciendo un precedente para que las empresas retribuyan a las naciones que proveen los recursos genéticos. Sin embargo, la falta de consenso podría llevar a algunos países a limitar el acceso a su biodiversidad, dificultando la investigación científica y el desarrollo de productos de alto impacto en salud y agricultura.

Steve Bates, de la Asociación de Bioindustria del Reino Unido, advirtió que el impuesto podría generar “barreras a la innovación” y socavar el liderazgo científico británico en el sector biomédico. Por su parte, los países en desarrollo argumentan que este tipo de financiamiento es indispensable para conservar sus ecosistemas. La resolución de este conflicto marcará la capacidad de la comunidad internacional para equilibrar intereses económicos con las necesidades de preservación del medio ambiente y la justicia social en la era de la biotecnología.