Ryanair pierde batalla judicial contra ayuda pandémica de 11 mil millones en España

Ryanair ha perdido su batalla judicial contra un esquema de solvencia de 10 mil millones de euros aprobado por la Comisión Europea para empresas españolas afectadas por la pandemia. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea desestimó los argumentos de Ryanair, afirmando que el esquema equilibra adecuadamente los efectos positivos y negativos en el mercado interno. La aerolínea había apelado después de perder en un tribunal inferior en 2021.

El fallo judicial y la posición de la Comisión Europea

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (CJEU) desestimó el pasado jueves la apelación de Ryanair contra un esquema de solvencia de 10 mil millones de euros aprobado por la Comisión Europea en 2020 para empresas españolas afectadas por la pandemia. La decisión confirma la legalidad del esquema bajo las normas de la UE, destacando que se ha logrado un equilibrio justo entre los efectos beneficiosos y adversos en el mercado interno, en beneficio del interés común de la Unión Europea.

Durante la pandemia, la Comisión Europea autorizó miles de millones de euros en ayudas estatales a aerolíneas y empresas de diversos sectores en todo el bloque. Este apoyo fue crucial para mantener la solvencia de las empresas estratégicas en medio de las restricciones económicas impuestas por la crisis sanitaria.

Contexto y reacción de Ryanair

Ryanair había impugnado el esquema de solvencia español en un tribunal inferior en 2021 y, tras perder, llevó su caso al CJEU. En su fallo, los jueces del CJEU apoyaron la decisión inicial de la Comisión Europea, señalando que «la naturaleza excepcional y el peso particular de los objetivos perseguidos por ese esquema de ayuda permiten inferir que se alcanzó un equilibrio justo entre sus efectos beneficiosos y adversos en el mercado interno.»

En respuesta, Ryanair emitió un comunicado en el que tomaba nota del fallo y criticaba a la Comisión Europea por no haber recuperado las ayudas estatales concedidas a sus rivales durante la pandemia. La aerolínea irlandesa subrayó que en otros casos relacionados con ayudas estatales por COVID-19, el Tribunal General de la UE había declarado ilegales los miles de millones de euros recibidos por aerolíneas como Air France, KLM, Lufthansa, SAS y varias aerolíneas italianas.

Implicaciones para la competencia y el mercado

El fallo del CJEU es definitivo y no puede ser apelado, marcando un cierre en esta disputa particular. Sin embargo, Ryanair ha logrado ganar otras impugnaciones similares y ha perdido en otras. La empresa sostiene que las ayudas estatales concedidas a las aerolíneas nacionales tradicionales han distorsionado la competencia, favoreciendo a ciertas compañías sobre otras en el mercado de la aviación europea.

Ryanair argumenta que la falta de acción por parte de la Comisión Europea para recuperar estas ayudas ilegales ha dañado la competencia, beneficiando a las aerolíneas tradicionales de Francia, Países Bajos, Alemania, Suecia, Dinamarca e Italia, en violación de la ley de la UE. La aerolínea irlandesa ha sido un crítico vocal de las ayudas estatales durante la pandemia, insistiendo en que deben ser equitativas y no distorsionar el mercado.

Reflexiones finales

La derrota judicial de Ryanair en este caso subraya los desafíos continuos en torno a la distribución de ayudas estatales en la Unión Europea y su impacto en la competencia del mercado. Aunque la Comisión Europea ha defendido sus decisiones como necesarias para mantener la estabilidad económica durante una crisis sin precedentes, las críticas de Ryanair reflejan preocupaciones más amplias sobre cómo equilibrar la ayuda gubernamental con la equidad competitiva. El fallo también destaca la importancia de la supervisión judicial en la aplicación de las normas de la UE, asegurando que las medidas excepcionales adoptadas durante la pandemia se mantengan dentro del marco legal establecido.

A medida que Europa se recupera de la pandemia, la vigilancia continua y la revisión de las ayudas estatales serán cruciales para garantizar un mercado justo y competitivo para todas las empresas, grandes y pequeñas, en todos los sectores.